Tres años después de un fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una oferta de pago y dos pactos fiscales más tarde, la provincia de Santa Fe vuelve al supremo tribunal a reclamar la deuda que tiene la Nación por la retención del 15% de la coparticipación que realizaba el gobierno kirchnerista
En un nuevo acto que se suma a una seguidilla de decisiones que muestran como la administración de la provincia de Santa Fe incrementa las diferencias con la Casa Rosada, el socialismo santafesino decidió volver a acudir a la Justicia para cobrar las deudas.
“De alguna manera hemos agotado las negociaciones con el Gobierno”, dijo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y adelantó que la semana próxima la provincia presentará un nuevo informe en la Corte Suprema en donde detallará los escasos avances en las negociaciones con la Casa Rosada para cobrar la deuda por unos $ 50.000 millones.
Fuentes de la provincia señalaron que se intentó “todo tipo de negociaciones, en diferentes circunstancias, con diferentes ministro de Economía, y seguimos sin avances firmes”. Pero aclararon que el informe que presentarán en la Corte es uno más de los que ya vienen presentado y que “no se corta la negociación”.
En esta búsqueda de un acuerdo, Lifschitz había presentado una propuesta para cobrar en la que le proponía a la Nación un pago en efectivo de $ 15.000 millones en cuotas mensuales durante 24 meses y los $ 34.840 millones restantes, la Provincia estaba dispuesta a aceptar títulos. La Casa Rosada contraofertó ofreciendo bonos del Tesoro, obras y propiedades.
Según explicó el gobernador santafesino las partes habían acordado una primera propuesta que nunca fue efectivizada por la Casa Rosada y, “luego de la devaluación y la incertidumbre económica de los últimos meses, quedó desactualizada”.
La decisión de la provincia gobernada por el socialismo se enmarca en una cantidad de decisiones que la alejan cada vez más de la Casa Rosada. Hace unos días la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a una batería de medidas impositivas que busca revertir la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional. Así, plantea un alza de Ingresos Brutos para las agroexportadoras y las entidades financieras.
